La corrupción en Perú generó una pérdida de S / 23,000 millones el año pasado, de acuerdo a cálculos de la Contraloría.

De acuerdo a cálculos de la Contraloría, los actos de corrupción en Perú generó una pérdida económica de S/ 23,297 millones el año pasado, siendo el sector con mayores índices de corrupción el de Transporte y Comunicaciones seguido de Salud.

En declaraciones a la prensa, el contralor Nelson Shack explicó que con el perjuicio económico generado por la corrupción se hubiera podido aliviar el 88% de la brecha total de infraestructura del sector salud.

Agregó el año pasado los sectores en las que se identificó mayores actos de corrupción en el Gobierno Nacional son transporte, salud y educación, cuya pérdida habría ascendido a cerca de S/ 6,000 millones. (Ver cuadro).

“Solo con el monto de perjuicio económico estimado del sector salud (S/ 1,152 millones), se hubiesen podido construir 230 centros de salud y 116 hospitales de segundo y tercer nivel”, comentó en conferencia de prensa.

Añadió que en el caso de sector educación con el 24.5% de lo que se habría perdido por corrupción e inconducta funcional el año pasado, se hubiese podido cubrir el 100% de la brecha de infraestructura educativa de largo plazo (S/ 5,917 millones).

Mientras que en transporte, tomando en cuenta que el perjuicio económico estimado para este sector es de S/ 2,893 millones, dicho monto hubiese servido para financiar la construcción de vías hasta por 1,497 kilómetros de carretera, lo cual equivale a la distancia actual entre la ciudad de Lima y Tacna, o 109 kilómetros de infraestructura férrea, comparable con la extensión del Ferrocarril Huancayo – Huancavelica.

“En materia portuaria, se podría haber invertido en generar una capacidad para movilizar más de 2 millones y medio de TEU, una actividad esencial para el comercio exterior peruano”, dijo.

El contralor Nelson Shack explicó que haciendo un cálculo simple, sobre la base de los resultados descrito se estima que el costo de la corrupción y la inconducta funcional, en términos de perjuicio económico al Estado, representa alrededor del 3% PBI 2019.

Fuente: diario Gestión