“En el Perú, lo que cuesta sacar un contenedor de 20 pies y depositarlo en un almacén externo – sin haber hecho aduana– asciende a alrededor de US$1.500, mientras que en otros países el costo es de US$300 o US$500; estamos hablando de US$1.000 más por contenedor”, sostuvo Alberto Ego–Aguirre, presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).
Una de las causas del sobrecosto, afirma Ego–Aguirre, es la ausencia de carreteras camioneras, espacios de tránsito exclusivo para los camiones que entran y salen de los puertos.
“El diseño de las concesiones debe contemplar que se den (carreteras camioneras), porque de otra manera lo único que hacemos es encarecer el costo de transporte de los productos de exportación e importación, por factores como el alto tránsito, incremento de accidentes y robos, incremento de los costos de seguros, además de la contaminación, entre otros”, dijo el administrador de empresas en el marco del XV Foro Internacional de Puertos 2016 realizado por la CCL.
Precisamente los problemas de libre tránsito, sostiene Ego–Aguirre, incentivan el clima de delincuencia que afecta a la competitividad de nuestros puertos.
“En otros países existen sistemas de seguridad integrados, pero en nuestro caso lamentablemente esto no sucede. El seguimiento (de seguridad) debe hacerse desde el momento en que los camiones salen a las carreteras, ya sea desde las fábricas o desde los depósitos extraportuarios o antepuertos y desde ellos, hasta los puertos”, explicó.
TRÁFICO DE DROGAS
“El problema del tráfico de estupefacientes no es un problema que se origine dentro de los puertos, es un problema que viene de fuera (desde los centros de producción de drogas y puntos intermedios). La solución no es pues agregar más autoridades como la policía o a la marina de guerra dentro del puerto, modificando o pretendiendo modificar artículos de contratos de concesión; lo único que generará es más sobrecostos y corrupción”, opina Ego–Aguirre.
Al ser consultado por las posibles soluciones, el empresario agrega que es necesario el control del personal que maneja los camiones, hasta los trabajadores que están dentro del puerto (incluyendo estibadores), a quienes se les debe exigir estar libres de antecedente penales.
“Nuestras autoridades deben también incrementar el seguimiento a empresas nuevas, especialmente a aquellas cuyas cargas provengan de zonas desde donde se genera la producción de las drogas”, concluye.
CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA │Oficina de Prensa e Imagen