Presidenta de Ositran renuncia tras diferencias por la obra en Chincheros

La presidenta de Ositran, Patricia Benavente, renunció a su cargo tras emitir el viernes un voto contrario en la evaluación del proyecto de adenda para el Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco. A su vez, renunciaron el gerente general, Obed Chuquihuayta, y el gerente legal del organismo regulador.

Cabe recordar, que el ente regulador emitió una opinión favorable respecto al proyecto de la modificación del contrato (con votos de los directores Antonio Balbuena y Alfredo Dammert, este último nombrado durante este Gobierno), pero teniendo a la presidenta en contra.

Asimismo, el aeropuerto fue dado en concesión al consorcio Kuntur Wasi, el cual todavía es una promesa incumplida. Si bien ya se planea el movimiento de tierras para la obra, la firma de la adenda se encuentra en stand by.

Por su parte, los comentarios favorables de parte de Ositran al proyecto de Adenda N°1 estuvieron sobre la base, principalmente, de argumentos políticos y no técnicos.

En la opinión técnica no vinculante del ente regulador, que se dio a conocer durante las reuniones de evaluación conjunta (con los ministerios de Economía y Transportes), se habría resaltado la importancia del aeropuerto para el desarrollo de Cusco, cuando la discusión era si esta adenda está dentro del marco del contrato de concesión, de las bases y la Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Tanto así, que incluso en el documento que explica los argumentos de los dos directores que votaron a favor se señala que el nuevo compromiso que asume el Estado (pasaría de 29% de compromiso a 81% en el proyecto) no representaría un riesgo para el país.

Entonces, cómo el concedente pasó a asumir el 80% del compromiso de financiamiento del proyecto Chinchero. Según declaraciones del mismo ministro de Transportes, el Gobierno asumirá los US$ 265 millones para la construcción del aeropuerto.

Asimismo, el Gobierno se habría comprometido a dar un adelanto de US$ 40 millones al concesionario para el inicio de las obras. El documento de los dos directores, incluso, explica que el Estado debe evaluar y determinar que el adelanto resulte el necesario y suficiente para cumplir con su finalidad y evitar que el mismo se destine para otra finalidad.

Aún así, se conoció que 53 de los 60 meses en que se va a ir pagando este monto hay exceso de liquidez.

Por otro lado, Kuntur Wasi habría alegado tener una discrepancia con el Ministerio de Transportes (MTC) y por eso solicitó que se firme una adenda, según se supo. Sin embargo, la ley de APP indica que en los tres primeros años no está permitido, a menos que lo solicite un acreedor.

En consecuencia, es ahí donde aparece el grupo de inversión extranjera, Goldman Sachs, el acreedor que alegó que el contrato no era bancable.

Fuente: Diario Gestión