Especialistas saludan decisión del MEF pero consideran que tras nueva cuarentena también se deben adoptar otras soluciones.

Después que el Gobierno decidiera suspender el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y del Impuesto a la Renta (IR) en las regiones declaradas con un nivel de alerta “extremo”, la economista Silvana Huanqui y la tributarista Marilú Pedraza, coincidieron en la necesidad de adoptar medidas adicionales para aliviar a las empresas.

En línea con lo señalado por el ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, ambas especialistas consideran que estas medidas ayudarán a brindarle liquidez a las empresas pero no es suficiente.

Al respecto, Marilú Pedraza, socia del área de impuestos del Estudio Rubio, considera que aunque la suspensión de pagos a cuenta del impuesto a la renta siempre es una ayuda, más viable le parece la reducción de las alícuotas de los pagos a cuenta para este año.

“Lo más importante será siempre tener reglas claras”, y por eso no duda en preguntarse si “¿se van a suspender los plazos de las fiscalizaciones, reclamaciones o apelaciones los informes orales programados durante esas fechas, los plazos para la entrega de documentación requerida o los plazos de prescripción?”.

OTRAS MEDIDAS

Adicionalmente, la especialista sostiene que para aminorar el golpe que significa la paralización (total o parcial) de las empresas formales, el Ejecutivo además de diferir, por unos días, el pago del IGV, también debe apuntar a la morosidad en el pago de los clientes que –según explica– siempre crece durante las crisis.

“Sería importante hacerlo, pero como otra medida importante se debería reducir significativamente el interés moratorio, que es demasiado alto y vuelve impagable muchas deudas tributarias”, indica convencida de que al pequeño contribuyente que quiere subsanar sus deudas tributarias debería dársele un plazo para poder regularizar su situación sin multas y con un interés a una tasa preferencial.

En esa misma línea, Marilú Pedraza también se muestra a favor de que se elimine totalmente la facultad de la Sunat de interponer acciones contenciosas administrativas ante el Poder Judicial cuestionando las decisiones del Tribunal Fiscal. “Eso solo crea incertidumbre en el contribuyente, ya que no puede cerrar casos cuando los gana en el Tribunal y tiene que esperar muchos años con incertidumbre y una potencial contingencia. La estabilidad y las reglas de juego claras siempre son el mejor estímulo para la inversión”, anota.

Finalmente, Silvana Huanqui sostiene que considerando que la reactivación de nuestra economía va a ser costosa, se debe barajar la posibilidad de flexibilizar algunas reglas fiscales, como elevar el límite de déficit fiscal, para tener la solidez económica que nos permita tener un control de la pandemia.

“Una parte del sector formal puede verse beneficiado por estas medidas tributaria, pero el dilema del Estado será o la recuperación económica o la salud y eso se vuelve un poco más grave porque hablamos de una economía golpeada”, afirma.

Fuente: diario El Comercio